La opa parcial de IFM por el 22,69% de Naturgy puede suponer un cambio radical para el sector gasista español. Prácticamente toda la red de distribución -un negocio regulado- puede pasar a estar controlada por fondos de pensiones extranjeros.
La compra por parte de IFM podría abrir la puerta a una pinza de los tres inversores internacionales (CVC, GIP e IFM) frente a los intereses españoles representados por Criteria, lo que está generando una profunda inquietud en ámbitos regulatorios, siempre muy preocupados por los niveles de retornos que reclaman los fondos frente a la inversión necesaria en las redes.
La situación además es insólita en la medida en que el sistema de control de operaciones al que se tiene que someter la entrada de IFM (por entrar en un sector estratégico y con una participación superior al 10%) no ha sido utilizado y cualquier paso en un sentido u otro sentará precedentes. De hecho, el Gobierno ya ha autorizado unas cuantas operaciones protagonizadas por fondos, como la operación de Macquarie con Viesgo, en sectores estratégicos como la distribución eléctrica, pero el tamaño y la cuota de mercado difieren radicalmente.
A favor de IFM está también el precedente de la red de oleoductos de CLH, que está plenamente controlada por fondos, pero en este caso dicho negocio no cuenta con una retribución regulada por el Estado y aún así la situación no resulta del agrado de la CNMC, que ya emitió en su momento un duro informe criticando los dividendos que se repartían a sus actuales accionistas.
Opa ¿amistosa?
Con este escenario, sorprende que desde el Gobierno se insista en calificar la opa como amistosa cuando no lo ha hecho ni la compañía afectada. Lo hizo en un primer momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y este jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ambas, no obstante, coincidieron en que habrá que estudiarla. Calviño incluso fue más allá y dijo que había que hacerlo con "detalle" y con "mucho cuidado", lo que aleja el escenario de una rápida aprobación que pretende el fondo australiano.
Pese a esto, Calviño insistió en "el hecho de que los inversores extranjeros muestren interés por empresas españolas es un signo positivo de confianza y de que España es un país con perspectivas económicas buenas y con buenas empresas".
Podemos, por su parte, se ha limitado a expresar sus reticencias por la posible entrada del fondo y a insistir en la creación de una eléctrica pública y, sorprendentemente, la vicepresidenta del ramo, Teresa Ribera, sigue sin pronunciarse sobre la operación.
Según fuentes cercanas a IFM, la opa se espera que se apruebe con rapidez en apenas tres meses, pero los cálculos que realizan fuentes jurídicas la llevan como poco hasta después del verano.
Asimismo, los inversores australianos aseguran que están alineados con Criteria para que no se desprenda de sus acciones, pero la entidad lo niega y asegura que está estudiando la oferta y se pronunciará en el momento en el que legalmente tenga que hacerlo.
El fondo ya ha mantenido contactos con el Ministerio de Industria para tratar de lograr los permisos necesarios.
Consejo urgente
Naturgy celebró un consejo el pasado martes tras anunciarse la operación de IFM. En este encuentro, en el que participaron los fondos CVC y GIP, se calificó la oferta como no solicitada, pese a que al menos un 40% del capital conocía previamente su existencia.
Naturgy no podía adoptar legalmente ninguna otra calificación, ya que podría haberse planteado la existencia de una concertación entre CVC y GIP con IFM. Pese a todo, fuentes del fondo australiano indican que Criteria recibió la misma carta que CVC y GIP, pero no quisieron aceptar el compromiso de no vender.
Mientras discurrían estas conversaciones, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, desconocía la operación lanzada por el fondo IFM, según indicaron en un comunicado a la CNMV: "Naturgy ha conocido esta mañana, a través del comunicado enviado a la CNMV por Global Infraco, de entera propiedad de IFM GIF, los términos y condiciones de la oferta voluntaria y no solicitada realizada sobre un 22,689% del capital social de Naturgy".
La compañía tiene ahora el deber de pasividad, pero la oferta se cruza en medio de la venta de su negocio en Chile, que se cerrará este mes de febrero, el acuerdo para la ruptura de Unión Fenosa Gas con Eni, la compra de un desarrollador de renovables en EEUU y la resolución del arbitraje con Colombia.
Ante esta situación, Barclays espera que la gasista pueda aplazar la presentación de su plan estratégico previsto para febrero y que quede suspendido sine die, aunque todavía no ha adoptado una decisión que, previsiblemente, se dejará para el próximo consejo de administración.
